Especialistas advierten que la expansión de actividades ilegales hacia territorios de proyectos cupríferos pone en riesgo nuevas inversiones y exigen articular fiscalización con simplificación de trámites.
La minería ilegal ya no se circunscribe a zonas auríferas. También está alcanzando territorios vinculados a proyectos de cobre, lo que representa un riesgo creciente para el desarrollo de nuevas inversiones mineras en Perú. Esta fue la principal advertencia que surgió durante el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde especialistas analizaron el impacto del Reinfo y los desafíos del nuevo proyecto de Ley MAPE.
Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, alertó que existen proyectos mineros que, pese a contar con concesiones y permisos ambientales aprobados, enfrentan dificultades para avanzar porque sus territorios han sido ocupados por actividades ilegales. La especialista destacó que la simplificación de procedimientos administrativos, por sí sola, no garantizará el desarrollo de la minería formal si no se protege efectivamente el acceso a las concesiones.
“Se están generando invasiones ya no solamente por oro, sino por cobre. Ya hay zonas de proyectos mineros que no están pudiendo avanzar teniendo concesión y permisos ambientales aprobados, porque la minería ilegal ya se asentó en el territorio”, advirtió Bustamante. La especialista remarcó que el desafío exige una respuesta articulada de las autoridades y un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que resguarde el derecho de propiedad de los titulares de concesiones, acompañado de acciones efectivas del Estado.
Formalización con resultados insuficientes
María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad de CMS Grau, alertó sobre las deficiencias en el proceso de formalización minera que han permitido el avance de la ilegalidad. Puso énfasis en evaluar el impacto de las sucesivas prórrogas del Reinfo, señalando que actualmente existen más de 31.000 registros y que desde 2014 solo 2.345 mineros han logrado formalizarse.
“Es importante mirar una realidad de algo que no funcionó y que además estamos repitiendo en el tiempo por varias razones”, indicó Alva. La especialista también destacó la importancia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda pendiente y garantice la protección de los derechos, la salud y el medio ambiente.
Diferenciar minería formal de actividades ilegales
Eduardo Lanao, CEO y fundador de CrossPartners y presidente ejecutivo de ProMinería, planteó la necesidad de distinguir la pequeña minería y minería artesanal formal de las actividades informales e ilegales. Advirtió que agruparlas bajo una misma categoría puede perjudicar a los productores que sí cumplen con las exigencias legales.
“La minería de pequeña escala no es minería informal y es lo primero que yo plantearía en el marco del análisis de una ley MAPE”, señaló Lanao. El especialista recordó que el desarrollo de una actividad minera responsable requiere cumplir condiciones vinculadas con la gestión ambiental, el acceso a la superficie, la protección del patrimonio arqueológico y el respeto a los derechos de los titulares de concesiones.
Pronunciamiento constitucional urgente
El constitucionalista Samuel Abad advirtió que el régimen de consolidación de la Ley MAPE podría mantener la inmunidad penal del Reinfo bajo otro nombre. Por ello, exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse cuanto antes y precisó que todo delito debe ser investigado y sancionado, incluso durante la formalización. “La Constitución no solamente está para leerla, está para defenderla. Y el TC debe defenderla”, sentenció.
