El Segundo Tribunal Ambiental acogió tres solicitudes de suspender, por un plazo de 30 días, los efectos de la resolución que aprobó el proyecto “Prospección Minera El Alto”, emplazado en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama.
“Ha lugar a la medida prejudicial solicitada, decretándose la suspensión de los efectos de la Resolución Exenta N°20260300117, de 30 de enero de 2026, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, por un plazo máximo de 30 días corridos, ello sin perjuicio de su renovación por prórrogas de igual plazo, ya sea de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso noveno de dicha ley”, dice la resolución.
Cabe recordar que las cuatro reclamaciones (roles R-672-2026, R-673-2026, R-674-2026 y R-675-2026), asociadas al proyecto de Minera Naveda SpA, ingresaron al Segundo Tribunal luego que los ministros del Primer Tribunal Ambientalm con asiento en la ciudad de Antofagasta, declararan su inhabilidad para conocer las solicitudes de medidas cautelares prejudiciales de las reclamaciones presentadas ante dicha judicatura especializada (R-174-2026, R-187-2026 y R-198-2026).
En relación con la medida cautelar ordenada por el Segundo Tribunal Ambiental, solicitada en tres de las cuatro reclamaciones, la resolución respectiva explica para adoptar una medida cautelar no es necesario tener certeza científica sobre el daño ambiental que dicha acción pretende evitar, pues ello no es propio en una etapa inicial del proceso. Basta, sostiene, que exista una sospecha mínimamente comprobable, para que pueda adoptar las medidas necesarias para evitar que el eventual daño ambiental se concrete, debido a su carácter irreversible.
“Que, atendido lo señalado en el considerando precedente, es forzoso conceder la medida cautelar solicitada consistente en la suspensión de los efectos de la RCA del proyecto “Prospección Minera El Alto”, la que, además, resulta proporcionada, pues se limita a impedir la ejecución del proyecto mientras se interpone y tramita la reclamación, sin pronunciarse sobre la validez de la RCA. En este sentido, cabe señalar que si bien de acuerdo al artículo 3 de la Ley 19.880, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, la misma disposición legal indica que ello es salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional, siendo este último el caso de autos.
Inhabilidades
El Tribunal, integrado para estos efectos por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, además, rechazó la solicitud de inhabilidad del ministro Cristián Lopez Montecinos, pues afirma que no se configuran las causales para ello.
“Estos ministros estiman necesario relevar que los reportes técnicos y la propuesta de conciliación vinculados al proyecto Pascua Lama, fueron elaboradas por el ministro cuya inhabilidad se intenta, cuando se desempeñaba como profesional asesor en ciencias del Primer Tribunal Ambiental y no como ministro, por lo que no revisten la naturaleza de un “dictamen” emitido por “el juez” y tampoco versan sobre la cuestión pendiente en autos”, detalla la resolución respectiva, para luego agregar que “su intervención posterior como ministro subrogante en la causa rol D-3- 2019 de la misma judicatura recayó en un procedimiento de distinta naturaleza, objeto y partes a la causa de autos, y se limitó a controlar la legalidad de las modificaciones al avenimiento, acordadas por las partes.”
Esta magistratura especializada también acogió la recusación amistosa formulada hacia la ministra Marcela Godoy Flores, declarando su inhabilidad para conocer y resolver la solicitud de cautelar. Como también la de los ministros del Primer Tribunal Ambiental; Alamiro Alfaro Zepeda, Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas.
Pascua Lama
El Segundo Tribunal Ambiental rechazó otra solicitud de medida cautelar, que buscaba la suspensión del proceso de consulta a pueblos indígenas del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Modificación Fase de Cierre Pascua Lama”, o en subsidio, de suspensión de la calificación de dicho Estudio.
“La medida cautelar señalada en el motivo anterior versa sobre un procedimiento administrativo distinto al reclamado en autos, que se encuentra aún en proceso de evaluación ambiental, por lo que su legalidad no es objeto de discusión en esta causa. Además, la resolución que califique dicho proyecto podrá impugnarse, en su oportunidad, por las vías administrativas y judiciales que franquea el ordenamiento jurídico”, puntualiza.
Agrega que, de conceder dicha medida, eventualmente podrían verse afectados derechos de terceros ajenos al juicio, toda vez que la consulta del señalado proyecto involucra a otras comunidades.
El Tribunal estuvo integrado por el ministro suplente licenciado en ciencias del Segundo Tribunal Ambiental, Cristian López Montecinos; junto a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Pedro Caro Romero y Elsa Barrientos Guerrero.
Causas ingresadas al Segundo Tribunal Ambiental
- Acceder al expediente R-672-2026
Comunidad Agrícola Diaguita los Huasco Altinos / Comisión de Evaluación de la Región de Atacama (Res. Ex. N° 20260300117, de 30 de enero de 2026)
- Acceder al expediente R-673-2026
Robles Alcayaga Amalia Esperanza y Otro / Servicio de Evaluación Ambiental (Res. Ex. N° 202699101628, de 30 de junio de 2026)
- Acceder al expediente R-674-2026
Alvear Azcárate Irene y Otro / Servicio de Evaluación Ambiental (Res. Ex. N° 202699101628, de 30 de junio de 2026)
- Acceder al expediente R-675-2026
Carvajal Borquez Paula Elina y Otros / Servicio de Evaluación Ambiental (Res. Ex. Nº 202699101628, de 30 de junio de 2026)
Fuente: MCH
