AGRUMIN acusa al gobierno y Diputados de desatender demandas del sector y aprobar proyecto que amenaza concesiones de productores de menor escala.
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (AGRUMIN) expresó su rechazo a la aprobación de la reforma tributaria minera por la Cámara de Diputados, acusando que el legislativo y la administración ignoraron sus demandas fundamentales y no avanzaron a una comisión mixta que permitiera corregir disposiciones que afectan directamente a los pequeños productores.
Patricio Gatica, presidente de AGRUMIN, cuestionó duramente que el Congreso despachara el proyecto sin acoger la solicitud del gremio de resolver en una instancia bicameral las discrepancias relacionadas con la seguridad jurídica, la propiedad de concesiones y las condiciones operativas de la pequeña minería. “Es profundamente decepcionante que los diputados no hayan acogido nuestras propuestas y hayan aprobado un proyecto de ley que afecta fundamentalmente a la pequeña y mediana minería”, sostuvo Gatica.
Crítica al gobierno y a SONAMI
El directivo de AGRUMIN también apuntó directamente contra la gestión del gobierno, señalando que el Ministerio de Minería y la Subsecretaría no demostraron intención real de escuchar las demandas del sector. “El Biministro Mas y el subsecretario González buscaban anotarse un punto político, no resolver los problemas de la pequeña minería. No tuvo dudas en darle la espalda a nuestro sector”, afirmó.
Gatica fue particularmente crítico con SONAMI, organización gremial de la gran minería, acusándola de no realizar “gestiones serias y comprometidas” con parlamentarios y gobierno para lograr un resultado diferente que protegiera a los pequeños productores.
Criterios arbitrarios y recaudación en caída
AGRUMIN cuestionó que la reforma establece criterios arbitrarios para acceder a rebajas de patentes, sin definir actos administrativos formales ni recursos legales claros para que los mineros impugnen decisiones administrativas. El gremio rechazó además la exigencia de entregar información que ya está en poder de SERNAGEOMIN.
En materia fiscal, Gatica presentó cifras que contradicen los objetivos recaudatorios originales del proyecto. Según datos que cita, las patentes mineras impagas llegaron a $102.609 millones en 2025 (32,4% de morosidad) y a $85.607 millones hasta agosto de 2026 (27,3% de morosidad). La caída acumulada entre ambos períodos alcanza los $188.216 millones de pesos.
Más crítico aún, Gatica indicó que proyecciones oficiales estiman una caída neta cercana a los $119.642 millones de pesos hasta 2035 por concepto de recaudación de patentes mineras, demostrando que la reforma no cumpliría su objetivo de aumentar ingresos fiscales.
Impacto en concesiones y empleo territorial
AGRUMIN reiteró que una reforma al sistema de patentes debe resguardar la seguridad jurídica y permitir que los productores de menor escala sigan aportando al desarrollo del país. El gremio advirtió que el proyecto aprobado puede llevar a pequeños mineros a perder sus concesiones, debilitando un sector que genera empleo en comunidades de regiones mineras.
“No pedíamos privilegios; exigíamos condiciones para seguir trabajando”, cerró Gatica. El presidente de AGRUMIN agregó que esta decisión del gobierno y el Congreso tendrá consecuencias políticas, señalando que el sector “repensar su apoyo al gobierno en futuros proyectos que involucren al sector minero”.
