El Primer Tribunal Ambiental integrará el Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, encargado de hacer seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú.
El 15 de abril el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), el cual cuenta con 56 acciones concretas que buscan poner en marcha dicho tratado regional en materias de acceso a la información, participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales.
Durante los años 2023 y 2024 se desarrolló un proceso participativo que permitió la co-construcción del referido Plan con la opinión de la ciudadanía, servicios públicos y otras instituciones colaboradoras, entre ellos el Primer Tribunal Ambiental.
En este contexto, el Primer Tribunal Ambiental identificó, en el marco de sus competencias, ocho acciones específicas, en distintos estados de ejecución, que aportan a la consecución de los objetivos que se han establecido en el Plan y que se enmarcan en los lineamientos estratégicos que este órgano especializado se ha trazado, todas consideradas ex ante el en Plan Anual de trabajo.
