La minera Antamina formalizó nuevo contrato de estabilidad para su expansión. Otros cinco acuerdos tramitan con expectativa de cerrarse antes de fin de año, según informó abogado experto en derecho minero peruano.
Antamina concretó un nuevo contrato de estabilidad jurídica para respaldar su expansión operativa, mientras que otros cinco acuerdos de naturaleza similar se encuentran en tramitación en Perú, con probabilidad de formalizarse antes del cierre de 2026.
El anuncio lo realizó Luis Carlos Rodrigo, socio decano de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, durante su intervención en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en Lima el 23 de octubre. Rodrigo se refirió a estos instrumentos como piezas clave para la viabilidad financiera y operativa de proyectos mineros en el país.
“Se ha firmado el nuevo contrato de estabilidad de Antamina porque está haciendo una expansión importante que va a extender su vida útil por mucho tiempo. Esto va de la mano con otros cinco contratos de estabilidad que ya están siendo procesados y esperamos se hayan firmado antes de fin de año”, indicó el abogado ante los asistentes al evento del IIMP.
Seguridad jurídica como motor de inversión
Rodrigo enfatizó que los contratos de estabilidad minera no otorgan beneficios tributarios, sino seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria, elementos esenciales para que inversionistas destinen recursos significativos en operaciones de largo plazo. Estos acuerdos preservan determinadas condiciones administrativas, tributarias y cambiarias durante el periodo contractualmente establecido.
“Los contratos de estabilidad dan predictibilidad, y eso es lo que buscan los inversionistas para desarrollar proyectos que requieren grandes desembolsos de capital y plazos prolongados de ejecución”, sostuvo el experto legal.
Desafíos regulatorios en la minería peruana
Durante su exposición titulada “Aportes del derecho al desarrollo de la minería en el Perú”, Rodrigo alertó sobre cuestionamientos al marco jurídico minero, particularmente la posibilidad de reducir de 30 a 15 años el plazo para caducidad de concesiones sin actividad. El abogado calificó esto como impracticable dado los tiempos requeridos para exploración, financiamiento y puesta en operación de proyectos.
“Entre las demoras regulatorias, problemas sociales y políticos, es absolutamente imposible que un proyecto minero esté operando en 15 años. Es un plazo irreal”, afirmó Rodrigo.
Optimización de procesos de permisos
El expositor identificó otro desafío crítico: la cantidad y superposición de autorizaciones que gestiona un proyecto minero antes de iniciar operaciones. Según Rodrigo, una operación de gran envergadura puede requerir aproximadamente 400 permisos, autorizaciones y licencias, cuya tramitación frecuentemente carece de una secuencia clara.
“Nadie pretende que se relajen los estándares ambientales ni se reduzcan las obligaciones, sino que haya claridad en el proceso. El problema surge cuando una autorización depende de otra que requiere un permiso previo, prolongando innecesariamente los plazos de ejecución”, explicó el abogado.
Según Rodrigo, resolver estas interferencias administrativas permitiría reducir significativamente los tiempos entre estudios de factibilidad y producción, sin disminuir exigencias ambientales ni otras obligaciones aplicables.
Pilares del marco minero peruano
Rodrigo enfatizó que Perú requiere preservar los elementos centrales de su sistema de concesiones mineras, aunque existen aspectos mejorables. Las reformas normativas de 1900, 1950 y la década de 1990 acompañaron distintas fases de expansión de inversión minera en el país.
“Las concesiones, las obligaciones del concesionario y los contratos de estabilidad son cuestiones que no podemos permitir que cambien”, sostuvo el experto legal, quien subrayó que la seguridad sobre derechos mineros y la evolución de estructuras contractuales facilitaron históricamente exploración, financiamiento y desarrollo de grandes operaciones.
El cierre de nuevos contratos de estabilidad en Perú refleja expectativas de crecimiento en la cartera de proyectos cupríferos del país, sector estratégico para la minería latinoamericana en contextos de transición energética y demanda global de cobre.
