Instituto de Ingenieros de Minas señala que producción clandestina alcanza 110 toneladas anuales y propone fortalecer trazabilidad y formalización para combatir actividad ilícita.
La minería ilegal de oro se ha convertido en una amenaza crítica para la estabilidad del Estado peruano, advirtió Gustavo De Vinatea Bellatin, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante una mesa técnica convocada en el Congreso de la República el 29 de octubre de 2026.
De Vinatea presentó cifras alarmantes sobre la magnitud del problema: la producción ilegal de oro se estima en 110 toneladas anuales, una cifra que supera lo exportado por la minería formal peruana. El especialista advirtió que esta expansión no solo compromete el desarrollo de la minería formal, sino que genera impactos sociales y ambientales irreversibles.
Impactos ambientales y violencia asociada
El gerente general del IIMP alertó sobre las consecuencias directas de esta actividad ilícita: contaminación por mercurio en fuentes de agua, afectación a la salud de poblaciones y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Aún más preocupante, señaló que en distritos con mayor presencia de minería ilegal, los homicidios por cada 100.000 habitantes pueden superar hasta un 45% el promedio nacional.
Frente a este escenario, De Vinatea enfatizó el valor de la minería formal: representa alrededor del 10% del PBI peruano, aporta más del 66% de las exportaciones y genera 290.000 empleos directos formales, además de más de un millón y medio de empleos indirectos.
Trazabilidad y fin del Reinfo como ejes de control
El IIMP propuso dos medidas estratégicas para cerrar el paso a la ilegalidad. Primero, aprovechó el próximo vencimiento del Reinfo, previsto para fines de 2026, para avanzar hacia el cumplimiento pleno de la Ley General de Minería sin prolongar mecanismos que permitan mantener indefinidamente actividades informales.
Segundo, planteó fortalecer la formalización mediante plantas de procesamiento de minerales como estrategia para verificar el origen del oro, asegurar cumplimiento tributario y cerrar canales de comercialización clandestina.
Respuesta coordinada del Estado y sector privado
La mesa técnica, denominada “Minería ilegal: Trazabilidad de oro, control de explosivos, Reinfo”, fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas del Congreso, coordinado por el congresista Jaime Abensur Pinasco de Fuerza Popular. Reunió a representantes de múltiples instituciones.
Wilfredo Albarracín, funcionario de la Sunat, abordó la trazabilidad en operaciones de exportación. Daniel Castillo, analista legal de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, explicó procedimientos de formalización vigentes. Representantes de la Sucamec y del Comité de Fabricantes de Explosivos expusieron medidas de control de insumos, mientras que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó propuestas enfocadas en trazabilidad.
El IIMP reafirmó su compromiso de contribuir desde una perspectiva técnica al diálogo nacional sobre minería ilegal. El instituto considera que la articulación entre Estado y sector privado es fundamental para construir soluciones que fortalezcan la legalidad, la fiscalización y el desarrollo responsable de la minería en el país.
