El gobierno de Javier Milei presentará nuevas demandas contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, escalando su campaña contra operaciones de hidrocarburos en territorio británico disputado.
Buenos Aires escala su estrategia legal contra la exploración de petróleo en las Islas Malvinas. El gobierno argentino presentará nuevas denuncias contra empresas que operan en el archipiélago británico, informó el martes el portavoz presidencial Adrián Ravier.
Según reportó el diario Clarin, un fiscal federal solicitó iniciar investigaciones contra ejecutivos y accionistas de la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El movimiento forma parte de una campaña más amplia que incluye la preparación de legislación esta semana para endurecer sanciones contra firmas operando en Malvinas, lo que analistas advierten podría intensificar tensiones con Gran Bretaña si Buenos Aires expande sus objetivos hacia otros sectores de la economía insular.
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration ya han sido objetivo de acciones previas de la administración Milei en su reclamo de soberanía sobre el archipiélago. Ambas empresas sostienen que mantienen licencias válidas otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y han indicado no esperar que las acciones argentinas detengan el desarrollo del proyecto petrolero. Navitas no respondió inmediatamente solicitudes de comentario, mientras que Rockhopper declinó hacer declaraciones.
La posición británica fue comunicada el martes a través de orientación publicada en el sitio web del gobierno del Reino Unido. Londres reafirmó su apoyo a toda actividad económica legítima en las islas y respaldó el derecho de los isleños a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluyendo hidrocarburos.
“El gobierno del Reino Unido considera que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su ley doméstica dentro de las islas, ni hacia compañías o individuos participando en negocios en o conectados con las islas”, indicó la guía oficial británica.
La oficina del fiscal federal Carlos Stornelli, quien solicitó abrir las investigaciones, no respondió inmediatamente a solicitudes de comentario sobre los detalles de las denuncias.
